24 de mayo de 2010

Reforma de la Ayuda al Desarrollo

La semana pasada el Gobiernos anunciaba un recorte de la Ayuda Oficial al Desarrollo de 600 millones de euros entre 2010 y 2011; y renuncia así a su objetivo de alcanzar el 0,7 para 2012. Reducir la ayuda en tiempos de crisis es un problema grave para los millones de personas que la reciben. Este ajuste, obliga al Gobierno a hacer con urgencia una profunda reforma en la gestión de la ayuda para ganar en calidad, eficacia e impacto.
En este sentido, posiblemente, el instrumento más criticado de la cooperación española hasta la fecha hayan sido los créditos FAD; unos créditos que España otorga a los países pobres a cambio de que, con ese dinero, compren productos a empresas españolas.
Los créditos FAD han sido denunciados por las organizaciones de la sociedad civil por tres aspectos fundamentales: se trata de un instrumento crediticio que alimenta la deuda externa de los países receptores; financia proyectos que priman los intereses económicos de las empresas españolas por encima de cualquier otra consideración, incluyendo la lucha contra la pobreza; y contribuye a la descoordinación y falta de transparencia del sistema de ayuda española.
Como respuesta a estas críticas, el Gobierno ha presentado al Parlamento una propuesta de reforma que divide el FAD en dos nuevos instrumentos con dos objetivos diferentes: el FONPRODE (orientado a proyectos de desarrollo) y el FIEM (orientado a la internacionalización de la empresa española). El hecho de que los dos objetivos hayan quedado diferenciados supone un claro avance.
Pero por desgracia, la redacción que se está debatiendo en ambos proyectos de ley no sólo contradice los convenios internacionales sobre eficacia de la ayuda y condonación de la deuda externa, sino que es un paso atrás en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Para que estas leyes no contribuyan a empeorar la situación de los países más pobres del planeta, deben modificarse en al menos estos cuatro aspectos:

- En primer lugar, se debe eliminar la posibilidad de que la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) se condicione a la compra de bienes y servicios españoles. La ayuda ligada solo beneficia a las empresas y puede llegar a encarecer un 50% el precio que el país en desarrollo llega a pagar por los productos. Este fue el caso de un proyecto destinado a construir un observatorio meteorológico en Mozambique. Según el propio director del Instituto de Meteorología, los materiales que pagaron con el crédito FAD fueron un 50% más caro que los que no estaban financiados con dicho crédito.

- En segundo lugar, no parece lógico que se sigan otorgando estos créditos a los Países Pobres Altamente Endeudados (HIPC, en sus siglas en inglés). Estos países no sólo han sido incapaces de devolver el total de sus préstamos, sino que la parcial devolución de los mismos ha impedido que inviertan recursos en combatir la pobreza. Un caso paradigmático es Tanzania, que al año siguiente de que se le cancelara la deuda externa destinó esos recursos a escolarizar a todos los niños y niñas del país. Seguir aumentando la deuda de aquellos países a los que se les está cancelando es cuanto menos contradictorio.

- En tercer lugar, es imprescindible asegurar la transparencia de estos instrumentos para evitar cualquier tipo de corrupción. La información y control de los antiguos FAD ha sido siempre muy escasa. En algunos casos ni el propio Ministerio de Comercio de España o del país receptor han tenido información sobre la situación del proyecto. En algunas ocasiones, las mercancías han sido compradas y pagadas a las empresas exportadoras y se han quedado en la aduana durante años porque nadie ha ido a recogerlas. La rendición de cuentas al Parlamento y a la ciudadanía debería ser un requisito exigible en toda inversión pública.

- Por último, es importante evitar que con estos fondos se financien proyectos destinados a la compra de material de doble uso (civil y militar) o proyectos de servicios sociales básicos, como educación y salud. La experiencia nos ha demostrado que si este principio no se prohíbe de manera expresa, el gobierno español podría llegar a estar subvencionando armamento a países que no respetan los DDHH y países en conflicto, como ya ocurrió en Angola, perpetuando la situación de vulnerabilidad que millones de civiles sufren en estos países. Por otro lado, es improbable que sectores como la educación o la salud puedan generar beneficios económicos a corto plazo para devolver los préstamos. España debe ayudar con donaciones y no con créditos a los más de 70 millones de niños y niñas que no pueden ir al colegio o el casi medio millón de mujeres que mueren cada año por no haber tenido atención médica durante el embarazado o el parto.

Bluefield, una pequeña localidad de Nicaragua de 50.000 habitantes, con un 63% de ellos viviendo en condiciones de pobreza extrema y sin agua potable, es un claro ejemplo de lo que puede seguir pasando si no se modifican los proyectos de ley en el Parlamento. En 2006, con un crédito FAD, se comenzó un nuevo sistema de desalinización y distribución del agua a la población, además de una torre de control y un radar para el aeropuerto de la ciudad. Tres años después sólo 1.100 habitantes están conectados a un servicio que provee agua salada no apta para el consumo, y por el que pagan cinco veces más de lo que pagarían por él en la capital, Managua. Además, todavía no llegan vuelos internacionales a la ciudad. ¿Queremos seguir financiando proyectos como el de Bluefield?
Ahora, más que nunca, tenemos la oportunidad de hacer una verdadera reforma que contribuya a los dos objetivos que los créditos FAD no alcanzaron: por un lado, internacionalizar la empresa española; por el otro, la lucha contra la pobreza. No podemos permitirnos caer en los mismos errores que en el pasado.